
La ONU alertó que más de 10.000 colombianos podrían haber sido reclutados como mercenarios en conflictos armados y operaciones de seguridad en distintos países.
El grupo de Trabajo de las Naciones Unidas encargado de vigilar a los mercenarios y las actividades relacionadas para la violación los derechos humanos y obstaculización al ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación en el mundo, dio a conocer una cifra que revela el panorama de colombianos en los distintos conflictos en el mundo.
En el marco de la visita que realizó el grupo de Trabajo, invitado recientemente por el Gobierno Nacional para recopilar información sobre las actividades mercenarias en distintas ciudades del país a la par con la Cancillería, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otras autoridades nacionales.
También dialogaron con asociaciones de veteranos, académicos y familias de colombianos que han viajado al extranjero para trabajar en el sector de la seguridad o que fueron reclutados en situaciones de conflicto armado, incluso en funciones de combate activo, dieron un panorama desalentador para quienes han decidido participar en otros conflictos.
PANORAMA DE COLOMBIANOS EN CONFLICTOS EXTRANJEROS
En medio este trabajo, Naciones Unidas determinó que podría haber más de 10.000 colombianos reclutados en el extranjero, muchos de ellos en situaciones de conflicto armado. Sin embargo, hacen la aclaración que a falta de información no se tiene con precisión quienes son reclutas voluntarios, contratistas o mercenarios.

“Lo que está claro es que este fenómeno de ir al extranjero a combatir, o a apoyar operaciones de empresas militares y de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades colombianas”, detalla el comunicado sobre este trabajo. Según la investigación, habría colombianos en medio de conflictos en República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen.
“También han recibido capacitación para prestar servicios de seguridad en la región de Oriente Medio, entre otros lugares, en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos”, amplió el comunicado.
De igual forma explica Naciones Unidas, que los colombianos son reclutados a través de redes sociales y plataformas digitales como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y WhatsApp y con la promesa de un salario entre 2.000 y 6.000 dólares al mes. Además de ser propensos a estar dentro de redes de trata de personas y trabajos en condiciones indignas y explotación.
“Alrededor de 300 familias en Colombia han colaborado con una ONG para reclamar información y asistencia para sus familiares que han desaparecido, fallecido o se encuentran retenidos contra su voluntad en conflictos en el extranjero. Hay más de 600 familias que buscan activamente noticias de sus familiares”, aseveró el grupo de Trabajo.
LEY 2569 DE 2026 PROHIBE MERCENARIOS EN COLOMBIA
El documento detalla que la Ley 2569 en contra de estas prácticas de mercenarios ya está prohibida en Colombia, lo cual ayuda a evitar que más colombianos estén en conflictos extranjeros.
La Ley 2569 del 17 de marzo de 2026 en Colombia ratifica la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios. Su objetivo es penalizar y prevenir el uso de ciudadanos colombianos en conflictos extranjeros, frenando el mercenarismo y las falsas ofertas laborales.

La referida ley establece una estructura jurídica sólida para castigar a quienes lideran redes dedicadas a reclutar, financiar, entrenar o emplear mercenarios, sin penalizar a quienes fueron captados mediante engaños o coerción.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas exaltó esta ley, sin embargo, dejó en claro que el trabajo debe ser en cooperación y con ello, evitar que más colombianos con entrenamiento militar y en estado de retiro sean seducidos por ofertas de trabajo en el exterior para terminar en diferentes conflictos y sin la posibilidad de volver al país. “El Grupo de Trabajo también alienta a que la Corte Constitucional examine con celeridad la Ley 2569 de 2026, y a que se ratifique la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, que entró en vigor el 20 de octubre de 2001, para tipificar como delito las actividades mercenarias, junto con la colaboración de la comunidad internacional para crear 7 alianzas regionales, reforzar la coordinación y respaldar medidas destinadas a frenar el reclutamiento irregular y las operaciones de seguridad privada prohibidas”, aseveró.