La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 personas por la toma paramilitar y masacres en Barrancabermeja

La Sala de Reconocimiento dictó pliego de cargos contra nueve exintegrantes del Ejército -incluidos tres generales en retiro-, dos oficiales jubilados de la Policía Nacional y un exjefe de seguridad de Ecopetrol. Murió hoy líder de defensa de Derechos Humanos.

En una decisión histórica para la memoria y reparación del Magdalena Medio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 personas señaladas como máximas responsables de la sangrienta incursión e consolidación paramilitar en Barrancabermeja entre 1998 y 2000.

La providencia, correspondiente al primer auto de determinación de hechos y conductas del Subcaso Magdalena Medio dentro del Caso 08 (que investiga crímenes cometidos por la Fuerza Pública en alianza con paramilitares o terceros civiles), atribuye responsabilidad penal a nueve exmilitares, dos expolicías y a un exfuncionario de la refinería de Ecopetrol.

Durante este periodo, según las pesquisas de la JEP, el accionar conjunto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y estructuras como las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC) con sectores estatales dejó un saldo trágico de al menos 431 homicidios y 85 desapariciones forzadas en el municipio.

IMPUTADOS: ALTOS MANDOS MILITARES, POLICÍA Y EL “ENLACE” DE ECOPETROL
Entre los comparecientes imputados por la Sala de Reconocimiento figuran altos oficiales retirados de las Fuerzas Militares:

Generales en retiro del Ejército: Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez (quien fuera comandante de la Quinta Brigada) y Alberto Bayardo Bravo Silva.

Oficiales del Ejército y la Policía: Nueve uniformados que ocuparon posiciones clave de mando, inteligencia y patrullaje en la región.

El factor civil / institucional: José Eduardo González Sánchez, exsubjefe de seguridad de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja y capitán retirado del Ejército.

La figura de González Sánchez resulta crucial en los hallazgos de la magistratura. De acuerdo con el expediente, actuó como una “bisagra” o puente logístico e informativo entre el Bloque Central Bolívar de los paramilitares, la seguridad de la infraestructura petrolera y la Fuerza Pública, facilitando incluso la infiltración de esquemas del sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO).

EL PATRÓN MACROCRIMINAL: LA INCURSIÓN DEL 16 DE MAYO DE 1998 Y LA “ZONA LIBRE”
El expediente detalla la reconstrucción de episodios de profunda zozobra, entre ellos la emblemática masacre del 16 de mayo de 1998. Aquella noche, un comando paramilitar irrumpió en los barrios del suroriente de Barrancabermeja, asesinando a 7 personas y secuestrando a otras 25, quienes posteriormente fueron desaparecidas y ajusticiadas.

La JEP estableció que dicha incursión no habría sido posible sin el concurso directo o la deliberada omisión de la Fuerza Pública, que omitió puestos de control y desatendió las reiteradas alertas tempranas. Documentos desarchivados revelan que organismos como el antiguo DAS habían advertido con antelación las fechas, rutas y comandantes paramilitares (como alias ‘Camilo Morantes’) que ejecutarían la incursión, sin que se desplegara reacción alguna por parte de las unidades Militares ni Policiales asignadas a la zona.

“No se trató de hechos aislados, sino de un patrón sistemático de toma territorial orientado a desarticular el tejido social, comunal y sindical de Barrancabermeja bajo la justificación contrainsurgente”, señala el marco argumentativo de la providencia.

PRÓXIMOS PASOS PROCESALES
Con la notificación formal de la resolución de imputación, los 12 comparecientes disponen de un término de 15 días hábiles para responder ante la Sala de Reconocimiento. Tienen dos caminos procesales:

Opción Procesal	Consecuencia Jurídica
Aceptación de responsabilidad y aportes a la verdad	El caso pasa a la Sección de Reconocimiento para la imposición de Sanciones Propias (retributivas y restaurativas, sin cárcel tradicional) de entre 5 y 8 años.
No aceptación o rechazo de cargos	El expediente se remite a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde los imputados enfrentarán un juicio adversarial con penas de hasta 20 años de prisión.

Organizaciones de derechos humanos del puerto petrolero y colectivos de víctimas acreditados han catalogado la imputación como un hito esperado por más de dos décadas para romper la impunidad histórica sobre la connivencia institucional en la tragedia del Magdalena Medio.

MUERE JORGE GÓMEZ LIZARAZO
En momentos en que la JEP Colombia daba a conocer la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a integrantes del Ejército Nacional, la Policía y funcionarios relacionados con ECOPETROL por hechos asociados a la toma paramilitar de Barrancabermeja, se conoció el fallecimiento de Jorge Gómez Lizarazo, socio fundador de CREDHOS (Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos).

Desde 1987, Gómez Lizarazo hizo parte de quienes asumieron el compromiso de construir un proceso para defender la vida, la dignidad y los Derechos Humanos en el Magdalena Medio. Junto a otros hombres y mujeres -algunos también han fallecido y otros continúan persistiendo Jorge Gómez contribuyó a que Barrancabermeja, el Magdalena Medio, Colombia y el mundo conocieran las graves situaciones que vivió esta región bajo el control y la violencia paramilitar.

También aportó su testimonio ante los mecanismos de justicia transicional, relatando las formas de actuación y connivencia entre agentes del Estado y estructuras paramilitares, que afectaron profundamente a la población civil.

Su memoria, su legado y su compromiso con la defensa de la vida seguirán presentes en cada espacio en el que se levante la voz por la verdad, la justicia, la dignidad y los derechos humanos.