Sindicato de la UNP amenaza con acciones directas si el Gobierno persiste, lo que podría dejar a personas protegidas sin seguridad en un paro nacional

Un posible paro nacional de escoltas podría poner en riesgo la seguridad de miles de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en Colombia, en medio de la creciente tensión entre los empleados tercerizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno Nacional respecto a un nuevo decreto sobre formalización laboral.

En una entrevista exclusiva con LA FM, Eduard Mendoza, presidente de la Dirección Nacional Sindical de Escoltas Profesional (DINSPRO), afirmó que los sindicatos están preparados para recurrir a acciones directas si se aprueba el decreto que establece la formalización de la planta de la entidad mediante un concurso abierto de la función pública.

“(…) Si nosotros vemos que, agotando la instancia jurídica, el mismo Gobierno sigue en ese proceso de llevar a cabo este decreto, entonces estaríamos ya listos para irnos a las calles a vías de hecho”, declaró.

La advertencia es significativa. De acuerdo con Mendoza, alrededor de 12 mil trabajadores que actualmente operan bajo tercerización podrían quedar excluidos del proceso de formalización, lo que, según él, provocaría una “masacre laboral” sin precedentes en la entidad responsable de proteger a personas en riesgo en Colombia.

“Se estaría tratando de una posible masacre laboral contra los hombres que en este momento estamos bajo la figura de tercerización. Las organizaciones sindicales estamos preocupadas por esta situación y vamos a radicar una demanda ante el Consejo de Estado, argumentando que ese decreto no tuvo en cuenta derechos fundamentales, como el derecho al trabajo”, señaló.

Además, Mendoza advirtió que “si, agotada esta primera instancia, el Gobierno insiste en llevar a cabo el decreto, estaríamos listos para irnos a las calles. Y quienes resultarían afectados serían miles de personas -líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos- que hoy cuentan con la protección del Estado”.

El decreto que generó la polémica

Según detalló Eduard Mendoza en La FM, el conflicto se centra en los decretos 019 y 020 de 2026, emitidos por el Ministerio del Interior, que pretenden reorganizar y formalizar la planta de la UNP. El acceso a la nueva estructura se llevaría a cabo a través de una convocatoria abierta nacional, conforme a las normas de la función pública.

Para el sindicato, el inconveniente no radica en la formalización misma, sino en su forma de implementación. “Nosotros como organización sindical vemos con preocupación que estos decretos derogan artículos como el 300 y el 301. Allí estaban cobijados trabajadores vinculados al programa por intermedio de la especializada. Esos compañeros los están dejando por fuera, y no solo ellos, sino el resto, cerca de 12 mil trabajadores que estamos tercerizados”, explicó.

El dirigente sostiene que el decreto 020 no define una transición clara para aquellos que actualmente desempeñan funciones misionales en los esquemas de protección.

“Hemos evidenciado que no hay una garantía para que los trabajadores del programa de la UNP que estamos bajo la figura de tercerización tengamos ese vínculo directo que nos permita ingresar a la planta”, relató.

¿Quiénes podrían quedar excluidos?

Según DINSPRO, la convocatoria abierta permitiría que cualquier ciudadano del país pueda competir por los puestos.

“El artículo 5 abre la posibilidad para que toda persona en el territorio nacional ingrese a concursar para los diferentes cargos, entre ellos, los hombres de protección. Eso deja por fuera a quienes hemos hecho parte de la entidad”, indicó.

Además, cuestionó los requisitos académicos para ciertos niveles: “hay dos grados, el 15 y el 18 para oficiales de protección. Ese grado exige que el hombre de protección haya cursado una profesión académica profesional. Sería un número mínimo los que cumpliríamos ese requisito y dejaríamos afuera a muchos hombres sin poder ingresar”.

De acuerdo con el sindicato, el manual de funciones no se ajusta a la realidad laboral de los escoltas tercerizados. “El manual de funciones está cerrando la posibilidad de que entren por las competencias laborales que piden. No ha sido adecuado para que podamos participar del concurso”, precisó.

Otro aspecto crítico de la denuncia se relaciona con la autoridad que tendría el director de la entidad para asignar más de siete mil cargos de manera discrecional.

“Lastimosamente la función pública le da la potestad al director de la entidad para que haga la implementación de más de 7.200 cargos a dedocracia. Actualmente hay cerca de 12 mil hombres tercerizados”, reiteró.

Aunque el sindicato no presentó pruebas de irregularidades específicas, expresó inquietud por la discrecionalidad en la implementación.

¿Qué solicitan los escoltas tercerizados?

Por el momento, el decreto continúa su curso y el sindicato prepara medidas legales. La amenaza de acciones directas plantea un escenario complicado: la posible interrupción del servicio de protección en un país donde cientos de personas dependen de los esquemas de seguridad estatal.

“Le solicitamos al ministerio del Interior y a la UNP que reevalúen y que se sienten con las organizaciones sindicales –que no lo han hecho- sólo con algunas, pero no han realizado una formalización puntual de cómo se va a realizar esta implementación (…) Hacemos el llamado también al ministerio del Trabajo, al ministerio del Interior, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la misma Contraloría porque aquí hay recursos del mismo Estado”, concluyó Mendoza.

El enfrentamiento entre la formalización laboral y la continuidad del servicio de protección apenas inicia, y podría transformarse en uno de los conflictos institucionales más delicados del año.