Iván Cepeda presentó proyecto de Ley contra funcionarios corruptos

“Quien le roba al Estado le roba a la gente y debe pagar con todo el peso de la ley”,
afirmó Cepeda en una sesión del senado.

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, actual candidato presidencial por el Progresismo radicó ante la secretaría del senado de la República, un proyecto de ley anticorrupción con el fin de endurecer las sanciones contra funcionarios y particulares involucrados en delitos contra la administración pública, lo que eliminaría beneficios judiciales como la casa por cárcel.

La iniciativa, presentada ante el Congreso, propone que quienes sean condenados por corrupción cumplan sus penas en centros carcelarios sin posibilidad de detención domiciliaria ni rebajas significativas. La iniciativa del candidato presidencial, envía un mensaje claro de cero tolerancia frente al desvío de recursos públicos. “Quien le roba al Estado le roba a la gente y debe pagar con todo el peso de la ley”, afirmó Cepeda en una sesión del senado.

INHABILIDAD PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS
El proyecto de Ley, también contempla restricciones adicionales, como la inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, contratar con el Estado o participar en política, además de mecanismos más estrictos para la recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita.

Cepeda explicó que la propuesta surge en medio de la creciente indignación ciudadana por casos recientes de corrupción, y busca responder a la percepción de impunidad. En ese sentido, señaló que el país necesita reformas estructurales que fortalezcan la justicia y eviten que los responsables evadan sus condenas.

REACCIONES
La iniciativa ha generado reacciones diversas en distintos sectores políticos. Mientras algunos respaldan el endurecimiento de las penas como una medida necesaria para recuperar la confianza institucional, otros advierten que el debate deberá centrarse en garantizar el respeto al debido proceso y la proporcionalidad de las sanciones.

Quienes apoyan el proyecto, se preguntan: si un condenado puede seguir legislando, ¿en manos de quiénes está el país?, haciendo alusión a la presencia en el congreso del senador uribista (representa al Centro Democrático), Ciro Ramíerez, condenado a 23 años y ocho meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, al hallarlo culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

NUEVAS REGLAS ANTICORRUPCIÓN
Expertos coinciden en que el debate no pasa por desconocer el debido proceso, sino por establecer reglas más claras frente a la permanencia en cargos públicos cuando existen fallos en instancias avanzadas. Actualmente, la ley permite que un congresista continúe en su curul mientras la condena no esté en firme, lo que ha generado inconformidad en distintos sectores.

Desde la opinión pública, crece la exigencia de reformas que definan con mayor precisión los límites entre presunción de inocencia y responsabilidad política. Para muchos ciudadanos, permitir que personas cuestionadas sigan participando en la creación de leyes debilita la credibilidad del Congreso.

En medio de este escenario, el llamado es a fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar mayor transparencia y coherencia, en un momento donde la legitimidad del poder legislativo vuelve a estar en el centro del debate nacional.

El proyecto iniciará su trámite legislativo en las próximas semanas, dentro de un contexto marcado por la discusión electoral y el papel de la lucha contra la corrupción como uno de los ejes centrales del debate político en Colombia.