
A pesar de las conversaciones en curso entre Colombia y Ecuador respecto a la disputa arancelaria, el gobierno de Quito ha anunciado que iniciará tres procedimientos ante el Tribunal Andino de Justicia para obtener fallos judiciales contra el gobierno de Petro por los impuestos mutuos establecidos hace más de un mes.
“El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó en esta fecha ante la secretaría general de la Comunidad Andina, tres reclamos formales contra Colombia, por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.”, indica el comunicado de la Cancillería ecuatoriana.
De acuerdo con la posición de Quito, los aranceles del 30 % que aplicaron responden a la ausencia de acciones por parte de Colombia para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en la zona fronteriza, mientras que consideran que las medidas anunciadas desde Bogotá carecen de base.
Aun en este contexto, Ecuador expresa su voluntad de preservar el comercio bilateral entre los dos países, pero bajo normas transparentes, términos justos y respeto recíproco.
En las semanas recientes, las autoridades de ambas naciones han iniciado contactos para intentar alcanzar un convenio que resuelva las tensiones; no obstante, Quito se negó a pausar los aranceles hasta que se concrete un acuerdo oficial entre las partes.
Antes de activar los mecanismos andinos, delegaciones técnicas de los dos países llevaron a cabo una reunión bilateral destinada a examinar las acciones comerciales y de seguridad implementadas lately. En esa sesión, se exploraron opciones para prevenir una intensificación de las controversias formales en el ámbito comunitario, junto con posibles marcos de colaboración contra el crimen organizado transnacional.
Las tarifas arancelarias establecidas por Ecuador abarcan una tasa del 30% por servicio aduanero en las mercancías originarias de Colombia y un aumento del 300% en los cargos de cobro a Ecopetrol por el transporte de crudo.
Por su lado, Colombia ha implementado políticas arancelarias del 30 % dirigidas al manejo del flujo de bienes y a la salvaguarda de sectores productivos locales, lo que incluye modificaciones en los controles aduaneros, verificación de requisitos técnicos y sistemas de monitoreo comercial sobre determinados productos importados desde Ecuador.