
En una operación contra el crimen organizado, las autoridades desmantelaron una supuesta “oficina” de sicarios que operaba en Medellín y que, de acuerdo con las investigaciones, mezclaba la planificación de asesinatos específicos con rituales esotéricos.
La acción, llevada a cabo a través de un allanamiento y registro, resultó en la detención en flagrancia de nueve individuos y la confiscación de armas, municiones y dispositivos tecnológicos empleados en actividades ilícitas.
Esta intervención surgió después de semanas de trabajo de inteligencia e investigación judicial realizado por personal de la Dirección de Investigación Criminal e inteligencia policial, quienes recolectaron testimonios que revelaron la existencia de un grupo dedicado a homicidios especializados y conectado con la red criminal conocida como el cuerpo colegiado “La Oficina”.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió detalles sobre el alcance de esta red criminal, que extendía sus actividades fuera de Colombia. “Se menciona la exportación de servicios criminales o delitos activos. No todos los sicariatos se llevaron a cabo aquí, sino en otras ciudades del mundo”, indicó el funcionario.
Según las investigaciones, desde este sitio se organizaban instrucciones para cometer asesinatos selectivos contra ciudadanos colombianos y extranjeros, relacionados con conflictos por narcotráfico y cobros de deudas delictivas. Datos proporcionados por informantes confirmaron que la organización estaba vinculada a muertes de personas de nacionalidad mexicana, albanesa y canadiense ocurridas en los últimos meses en el área metropolitana, lo que demuestra su dimensión transnacional.
“Es clave notar cómo algunos homicidios en Medellín, con víctimas extranjeras, posiblemente fueron ordenados por estos individuos”, agregó Gutiérrez Zuluaga.
Durante las verificaciones, los investigadores detectaron actividades sospechosas en la propiedad. La inteligencia indicaba que se preparaba un asesinato contra un ciudadano extranjero, lo que motivó una acción inmediata para salvaguardar vidas.
Con el respaldo de un equipo de operaciones especiales, se capturó a ocho hombres de entre 21 y 39 años, y a una mujer de 31 años, quienes enfrentarán cargos por posesión, fabricación o tenencia de armas de fuego y municiones.
En la operación se decomisaron ocho armas de fuego, incluyendo una subametralladora tipo Uzi, una pistola calibre 9 mm y seis revólveres calibre 38, junto con 77 cartuchos de varios calibres. Este arsenal será analizado en el sistema unificado de cotejo balístico para determinar su posible uso en crímenes contra la vida.
Además, se incautaron 29 teléfonos celulares, tres computadoras portátiles y dos tabletas, que serán sometidas a exámenes forenses digitales para reforzar la investigación, identificar a otros involucrados y avanzar en la judicialización completa de la red criminal.
En una de las habitaciones de la casa, los investigadores hallaron un altar con velas, objetos rituales y una imagen de la Santa Muerte, que, según las pesquisas, se usaba en prácticas ligadas a las operaciones criminales de la red.
De acuerdo con la información obtenida en el allanamiento, antes de cometer los delitos, los miembros del grupo supuestamente realizaban rituales esotéricos, que incluían sacrificios de animales, con el objetivo de “encomendar la protección del grupo y garantizar el éxito del homicidio sin obstáculos”.
“Contaban con un altar de brujería, con el cual, según datos iniciales, buscaban una forma de escudo contra las acciones de la justicia”, explicó el alcalde Federico Gutiérrez.
Las indagaciones mostraron que estos rituales cumplían un doble rol en la red criminal. Por una parte, se empleaban como protección contra intervenciones policiales y para evitar capturas o muertes, pero por otra, habían establecido un esquema de estafas donde presuntamente defraudaban a personas que los buscaban creyendo que sus rituales resolverían problemas económicos, emocionales o de salud.
Las pesquisas iniciales indican que esta red supuestamente realizaba homicidios selectivos contra extranjeros, además de secuestros y cobros violentos derivados de ajustes de cuentas en el narcotráfico, por montos que variaban entre 400 mil y 500 mil dólares por cada acto criminal.
Entre los objetos encontrados, se localizaron datos de ciudadanos extranjeros, muchos aparentemente conectados con grupos delictivos, quienes serían los blancos potenciales de esta red, que operaba por encargo de cualquier organización criminal dispuesta a pagar.
Las nueve personas detenidas fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Las audiencias preliminares prosiguen para definir su estatus jurídico, mientras se continúan las investigaciones para confirmar su rol en homicidios recientes y posibles conexiones con redes criminales locales e internacionales.