Gobierno de Colombia busca disminuir contratos de prestación de servicios

De la Espriella radicará propuesta para reducir en un 50% los contratos de prestación de servicios a partir del 2027

Mientras el pasado gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba que los trabajadores por prestación de servicios se convirtieran en empleados directos con el Estado beneficiándolos con todas las prerrogativas que ello conlleva, el actual gobierno de Colombia pretende sacrificar este estilo de contratación, lo que afectaría a un alto número de personal que hoy ganan su sustento y a de sus familias con este sistema.

REDUCCIÓN
Como parte de las medidas contempladas en el plan de austeridad y el paquete de rescate fiscal del Gobierno nacional, se anunció una meta de reducción drástica en la contratación pública de personal. La iniciativa busca recortar a la mitad (50%) los recursos destinados a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a partir del año 2027.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para disminuir el gasto estatal y enfrentar los problemas fiscales del país. Sin embargo, ha despertado interrogantes sobre lo que podría suceder con las personas que actualmente dependen de esta modalidad de contratación.

La medida podría traducirse en menos contrataciones, cambios en los valores contractuales o una reorganización de los servicios, aunque esos efectos todavía no están definidos.

Este cambio laboral no terminaría en 2027. El gobierno también pretende establecer límites para que estos gastos no vuelvan a crecer por encima de la inflación.

De acuerdo con las proyecciones presentadas ante las comisiones económicas del Congreso, el ajuste estructural sobre la nómina paralela en las entidades públicas permitiría un ahorro fiscal según el gobierno, equivalente al 0,19% del PIB anual (aproximadamente $9,6 billones de pesos).

CLAVES DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN CONTRACTUAL
Mientras muchos funcionarios cercanos al presidente tienen sueldos millonarios, otros empleados de baja orden, serán sacrificados con la suspensión de sus cargos, lo que, según estudiosos en materia económica, ayudará a incrementar la desocupación laboral, que de por sí al término del presente año ha aumentado en todo el país.

De llegarse a concretar la idea de reducir la nómica del Estado, las entidades del orden nacional tendrán que limitar la firma de nuevos contratos tipo OPS y priorizar únicamente el personal estrictamente indispensable para sus funciones misionales.

Para el gobierno el ajuste laboral responde a las presiones del gasto público, con lo que busca corregir los desbalances derivados de vigencias anteriores, canalizando los recursos liberados hacia inversión productiva.

Ministerios como el de Agricultura y de Cultura ya han iniciado la revisión de sus plantas de contratistas para ajustarse a los topes de austeridad dictados para los próximos años.

EL MILLONARIO AHORRO QUE ESPERA CONSEGUIR EL GOBIERNO
Según las proyecciones presentadas con la iniciativa, la reducción de los contratos por prestación de servicios permitiría un ahorro promedio anual equivalente al 0,19 % del Producto Interno Bruto, estimado en aproximadamente $9,6 billones.

El Gobierno argumenta que el gasto en esta modalidad de contratación ha aumentado considerablemente durante los últimos años. Las cifras incluidas en la exposición de la propuesta muestran que el número de contratos pasó de 120.000 en 2018 a 177.000 en 2025. Además, el valor promedio de cada contrato aumentó de 20,2 millones de pesos a 41,3 millones de pesos durante ese periodo.

Para el Ejecutivo, estas cifras justifican la necesidad de revisar el crecimiento del gasto público.

OTRAS MEDIDAS
La Ley de recorte presupuestal incluye otras medidas que podrían modificar el funcionamiento de las entidades públicas.

Una de ellas plantea que en 2028 el gasto de personal de las entidades financiadas por el Presupuesto General de la Nación disminuya un 20 %, con excepción de la Fuerza Pública.

Para 2029 y 2030, la propuesta establece límites al crecimiento de esos gastos, vinculados a la inflación. Además, el proyecto busca restringir los incrementos en la compra de bienes y servicios del Estado entre 2027 y 2030.

También se contemplan medidas de austeridad sobre viáticos, vehículos, gastos administrativos, publicidad oficial y eventos considerados no esenciales.

¿PODRÍAN ELIMINARSE ENTIDADES PÚBLICAS?
La propuesta gubernamental también contempla una revisión de la estructura y los recursos utilizados por distintos organismos del Estado.

Entre las medidas anunciadas aparecen la reorganización de entidades, la revisión de más de 250 transferencias públicas y la identificación de programas que podrían estar duplicados.

El propósito, según el Ejecutivo, es reducir gastos considerados ineficientes y aprovechar recursos que actualmente permanecen sin comprometer en determinados fondos. Sin embargo, la ejecución de estas medidas dependerá de las facultades que finalmente autorice el Congreso.

¿CUÁNDO COMENZARÍA A APLICARSE EL RECORTE?
La reducción del 50 % en los gastos de contratación está propuesta para 2027, pero todavía no es una obligación legal aprobada, por cuanto la Ley de Rescate Económico deberá superar su discusión en el Congreso, donde los artículos podrán ser modificados o rechazados.

Por ahora, no existe una orden general que implique la terminación inmediata de la mitad de los contratos de prestación de servicios vigentes.

El debate legislativo será determinante para establecer el alcance real de la medida y sus posibles consecuencias para los contratistas estatales.

IMPACTO SOCIAL Y LABORAL
La medida ha generado diversas reacciones en el sector público. Por un lado, gremios e instituciones del sector económico señalan que la contención del gasto burocrático es imprescindible para garantizar la sostenibilidad fiscal del país.

Por otro lado, organizaciones sindicales y colectivos de contratistas manifestaron su preocupación por el futuro laboral de miles de profesionales que actualmente vinculan sus ingresos al Estado bajo esta modalidad, solicitando que el proceso vaya acompañado de formalización laboral en plantas temporales o de carrera administrativa.

REACCIÓN DEL PUEBLO
En las calles y redes sociales, los colombianos han reaccionado a la iniciativa de acabar con las OPS. Para algunos, “se trata de sacar a los que no son de ellos para reemplazarlos por sus amigos”. Para otros la medida les parece excelente, “porque hay muchos parásitos en las entidades”.