ONU advierte del descalabro que pueda ocurrir en Colombia tras giro en la seguridad del país dado por el actual gobierno

António Guterres señaló en su informe que el fin de los diálogos de paz afectó la estabilidad del país y la de los excombatientes de las antiguas FARC.

El informe de la Misión de Verificación de la ONU sobre Colombia analiza el impacto que genera el fin de los diálogos con organizaciones armadas ilegales. El documento oficial que es presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York este lunes 12 de octubre, también hace referencia a la intensificación de las operaciones militares entre el 27 de junio y el 26 de septiembre, donde civiles inocentes que nada tiene que ver con el conflicto armado, han caído en medio del fuego cruzado entre tropas oficiales y los grupos insurgentes.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió sobre los riesgos que afronta la implementación del acuerdo de paz en Colombia tras las reformas en la política de defensa impulsadas por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En el reporte, Guterres enfatiza la urgencia de preservar las garantías jurídicas e institucionales pactadas con las extintas FARC en 2016. Durante el periodo de análisis, la Misión de Verificación de la ONU confirmó el asesinato de ocho excombatientes, seis de ellos registrados en agosto, acumulando un total de 13 antiguos integrantes de las FARC muertos de forma violenta en lo que va del año.

CON DE LA ESPRIELLA COLOMBIA CAMBIÓ SU RUMBO
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, asumió el cargo el pasado 7 de agosto e implementó un giro en la estrategia de orden público. El mandatario dispuso la suspensión de las mesas de conversación con las estructuras al margen de la ley, dio la orden de reforzar la presencia de las Fuerzas Militares, y bombardear zonas donde posiblemente se encuentra la guerrilla. Según el reporte de Naciones Unidas, el actual Ejecutivo es la cuarta administración que asume las responsabilidades derivadas de la firma del acuerdo de paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos. A este le sucedieron Iván Duque, Gustavo Petro, y ahora Abelardo de la Espriella.

“Los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan”, expresa António Guterres en el texto de la ONU. Pese a que el gabinete de Abelardo de la Espriella manifestó su intención de acatar la Constitución Política y las obligaciones legales vigentes, el organismo internacional señaló que la administración gubernamental, después de más de dos meses de haberse posesionado, aún no ha formalizado la totalidad de su hoja de ruta para ejecutar lo pactado en la Habana.

ACCIONES CONTRA GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY
Las acciones operativas contra las organizaciones al margen de la ley registraron un incremento tras la clasificación de todos estos grupos como organizaciones terroristas.

Las autoridades militares desarrollaron múltiples intervenciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las FARC los días 11, 27 y 30 de agosto. Dichos operativos dejaron un saldo de 36 personas fallecidas, entre las cuales figuraban cinco menores de edad que tenían entre 15 y 16 años.

ACABAR CON LOS TERRITORIOS ETCR ES ATENTAR CONTRA EL PROCESO DE PAZ
A pesar de las complejas condiciones en materia de orden público, la ONU reportó que 11.000 excombatientes avanzan en sus esquemas de reincorporación económica y social, pese al anuncio del actual gobierno de acabar con los territorios llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde se concentran los reincorporados de las antiguas FARC.

La Misión de Verificación reiteró la urgencia de sostener los recursos monetarios y los programas de protección estatal para impedir el reclutamiento forzado por parte de las estructuras criminales y blindar la efectividad del proceso de reinserción en los territorios.

RESPALDO INTERNACIONAL POR EL TERREMOTO
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó la respuesta ciudadana frente al desastre provocado por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

António Guterres reafirmó el respaldo de la comunidad internacional hacia el país para atender las emergencias humanitarias y mitigar los efectos del conflicto en el territorio nacional.

Hoy los recursos internacionales llegados al país, son un completo misterio, pues el gobierno de Abelardo de la Espriella no informa sobre el total recibido, la organización que los recibió, ni el lugar donde se encuentran dichos recursos.

PERSPECTIVAS DE LA ONU PARA EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA
El organismo multilateral concluyó que la aplicación integral de lo estipulado en la negociación de 2016 resulta clave para cumplir los objetivos centrales de la administración de Abelardo de la Espriella, especialmente en lo relacionado con la reducción de la criminalidad y el afianzamiento de la presencia institucional en las regiones históricamente marginadas.

La efectividad de las nuevas estrategias de defensa determinará en el corto plazo la viabilidad de sostener los compromisos asumidos en el marco de la seguridad ciudadana y la estabilidad social, ha dicho la ONU en su Informe.

REFORMA RURAL Y TIERRAS EN DUDAS
El acceso a la propiedad agraria registró durante el gobierno de Gustavo Petro, avances históricos combinados con recientes pausas administrativas: Se registran 130 predios asignados que equivalen a más de 20.662 hectáreas. Sin embargo, existen 368 solicitudes de tierra aún pendientes por resolver.

Por su parte el nuevo gobierno posesionado el pasado 7 de agosto, ha aplicado frenos institucionales en la Reforma Agraria, ya que el Ministerio de Agricultura ordenó suspender por 90 días las medidas de tierras implementadas por el gobierno Petro, con el fin de evaluar y revisar técnicamente los procesos vigentes. Esta decisión del nuevo gobierno ha causado inquietud entre las comunidades rurales y los sectores campesinos colombianos.

En materia de vivienda, fueron completadas y entregadas 780 viviendas rurales para los firmantes; a hoy existe unas 1.600 soluciones habitacionales adicionales en fase de construcción dejadas por el pasado gobierno.

Sobre la Reincorporación Integral, la ONU destaca en su Informe, la voluntad de paz de los excombatientes, pero advierte sobre graves riesgos financieros y de liderazgo institucional, con la llegada del nuevo gobierno. Alrededor de 11.000 excombatientes continúan firmes y activos dentro de su proceso regular de tránsito a la legalidad, lo que podría verse truncado con nuevas decisiones gubernamentales.

Además, existe una incertidumbre estatal, ya que el nuevo gobierno todavía no ha definido con claridad cuál será la entidad coordinadora general de la implementación, ni ha reactivado la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI).

Si lo anterior no fuera poco, la preocupación de la ONU aumenta ante los recortes considerables proyectados en el Presupuesto General de 2027 para el desarrollo rural y la reincorporación, priorizando en su lugar el gasto militar y de seguridad.

DESPLAZAMIENTO FORZADO
El desplazamiento forzado reciente en Colombia debido a los bombardeos militares ordenados por el nuevo gobierno en zonas donde actúa la guerrilla, así como las restricciones a la movilidad urbana y rural (confinamientos) se concentran críticamente en cinco regiones principales.

Según datos cruzados de la ONU y el Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, el escalamiento de operaciones y disputas territoriales ha dejado miles de víctimas en zonas específicas. Además, entre enero y agosto de 2026, las emergencias por abandono masivo de tierras afectaron a más de 23.900 personas, con mayor impacto en los siguientes departamentos:

Cauca, que se mantiene como el epicentro de la crisis humanitaria, registrando más de 6.700 víctimas debido a combates directos en municipios de alta tensión como Argelia y Cajibío.

Norte de Santander, donde en la región de E Catatumbo (especialmente en municipios como Tibú, Teorama y El Tarra) concentra 4.350 afectados por la fragmentación de grupos delictivos.

Antioquia, que registra 3.150 víctimas, con afectación severa en las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.

Nariño, donde han sido cuantificadas 2.550 personas desplazadas, afectando críticamente a comunidades de la costa pacífica como Tumaco.

Magdalena, departamento que reporta 1.900 víctimas asociadas a la expansión de control de bandas armadas en la Sierra Nevada de Santa Marta.

LA CRISIS SILENCIOSA: CONFINAMIENTOS
Por primera vez en las dinámicas recientes del conflicto armado en Colombia, el número de personas atrapadas en sus propias comunidades por amenazas de grupos ilegales supera al de desplazados.

En lo que va de 2026, más de 80.000 colombianos han quedado confinados bajo restricciones de movilidad. Las zonas con mayor afectación son:

Departamento	Personas Confinadas (2026)	Municipios / Causas Principales
CHOCÓ:	15.641	Paros armados, siembra de minas antipersonal y disputas fluviales.
CAUCA:	13.350	Uso intensivo de drones con explosivos en áreas rurales.
PUTUMAYO:	12.646	Restricciones de movilidad impuestas por estructuras armadas locales.
CAQUETÁ	11.651	Control social violento de los corredores viales.
BOLÍVAR:	6.593	Presión armada en zonas de minería ilegal de la subregión del Sur de Bolívar.

La ONU enfatiza en su Informe, que cerca de la mitad de las poblaciones afectadas por confinamiento pertenecen a comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes), quienes enfrentan barreras críticas de acceso a alimentos, medicamentos y educación.

MAPA CRIMINAL EN LAS REGIONES
Los departamentos con mayores emergencias humanitarias son evidenciadas por una alta fragmentación de estructuras ilegales que se disputan corredores del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones, tras el endurecimiento de la estrategia militar del gobierno de Abelardo de la Espriella

GRUPOS ARMADOS POR DEPARTAMENTO AFECTADO
Cauca y Nariño (Pacífico)
-Actores: Estructuras del Estado Mayor Central (EMC) (frentes como el Dagoberto Ramos y Carlos Patiño), la Segunda Marquetalia, el ELN y bandas criminales locales.
Dinámica: Disputas a sangre y fuego por el control de la salida de cocaína al océano Pacífico. El uso agresivo de drones cargados con explosivos y la siembra de minas antipersonal han forzado confinamientos masivos en municipios rurales.

Norte de Santander (Catatumbo)
-Actores: El Frente de Guerra Nororiental del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC (EMC).
-Dinámica: Históricamente fue una zona de tregua, pero el nuevo gobierno nacional reactivó fuertes combates territoriales. El uso de carros bomba y ataques con explosivos a estaciones de policía ha dejado a comunidades civiles atrapadas en el fuego cruzado.

Antioquia (Bajo Cauca y Nordeste)
-Actores: El Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia – EGC), el ELN y disidencias de las FARC (Frente 36, facción de alias Calarcá).
-Dinámica: Existe una fuerte confrontación por el control de las rentas de la minería ilegal de oro y extorsiones generalizadas a comerciantes locales.

Magdalena (Sierra Nevada)
-Actores: Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS-Pachenca) enfrentadas con el Clan del Golfo.
–Dinámica: Guerra abierta por el control logístico del puerto de Santa Marta y rutas de contrabando caribeñas, provocando el abandono forzado de fincas campesinas e indígenas.

Chocó
-Actores: Frente de Guerra Occidental del ELN en violenta disputa territorial con el Clan del Golfo.
–Dinámica: Es la región con mayor índice de confinamientos del país debido al bloqueo de ríos y la imposición de “paros armados” que cortan el suministro básico a comunidades afro e indígenas.

MEDIDAS HUMANITARIAS SOLICITA LA ONU
Frente a la gravedad de los confinamientos y los riesgos colaterales del recrudecimiento bélico y desastres naturales concurrentes (como el reciente terremoto en el occidente del país), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y el Consejo de Seguridad exigen activar las siguientes medidas de urgencia:
–Garantía de acceso humanitario, donde el gobierno les exija a los grupos armados cesar las amenazas, paros fluviales y bloqueos físicos que impiden el ingreso de misiones médicas, alimentos y ayuda de emergencia a las zonas confinadas.
–Financiación internacional de emergencia: La ONU ha solicitado de urgencia una adición presupuestal internacional de 148 millones de dólares para brindar asistencia inmediata a más de 670.000 personas vulnerables en Chocó y el Pacífico.
–Desminado humanitario de urgencia: Activar equipos de emergencia de la política contra Minas Antipersonal (AICMA) para limpiar entornos escolares y caminos rurales prioritarios en Vauca, Chocó y Norte de Santander.
–Planes de protección comunitaria étnica: Implementar cordones institucionales de protección coordinados con las guardias indígenas y afrodescendientes para frenar el reclutamiento forzado de menores, el cual suma más de 1.100 casos activos.