
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado que se sumará a las protestas programadas para este jueves en respaldo al concepto de “salario vital”, tras la determinación del Consejo de Estado de pausar temporalmente el decreto que establecía el ajuste del salario mínimo. El líder afirmó que estará presente en la Plaza de Bolívar y conectó la acción no solo con el debate sobre los sueldos, sino también con la protección del sufragio libre.
Este comunicado se realizó en el marco de la apertura del consejo de ministros, en medio de un aumento en las disputas institucionales debido a las solicitudes de anulación presentadas contra el decreto. Aunque el tribunal superior implementó una acción preventiva, el Ejecutivo mantiene que el alza del 23,7 % significa un progreso social que debe preservarse, al tiempo que grupos sindicales y representantes empresariales han solicitado conservar el mismo nivel de aumento.
El mandatario fue claro al indicar que se involucrará de forma personal en la movilización pública. “Estaré específicamente en la Plaza de Bolívar defendiendo el salario vital y el voto libre, ya que se avecina un grave ataque contra la libertad electoral en Colombia”, expresó al comienzo del consejo de ministros.
Esta elección surge después de la resolución del Consejo de Estado que detuvo provisionalmente el decreto relacionado con el salario mínimo. Aunque el Gobierno no tenía la obligación de reconvocar a la Comisión de Concertación, eligió crear un nuevo foro de discusión con empresarios y empleados.
Según lo discutido en el consejo, la Comisión determinó, tras un intercambio descrito como directo, que la mayoría de los sectores empresariales y las entidades sindicales pidieron repetir el ajuste del 23,7 %. Para el Gobierno, este apoyo representa un respaldo político y social al denominado salario vital.
Sin embargo, desde la Casa de Nariño se enfatiza que se trata de un logro incompleto, porque la resolución judicial es solo una medida temporal y los procedimientos de anulación prosiguen en el tribunal. Por esta razón, la protesta del jueves adquiere importancia como herramienta de influencia política y apoyo popular.
En el transcurso del consejo de ministros, el responsable de la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró que, aunque el Gobierno no estaba requerido a volver a reunir a la Comisión de Concertación después de la orden del Consejo de Estado, optó por hacerlo para asegurar un entorno de diálogo extenso.
De acuerdo con sus explicaciones, el encuentro permitió verificar que, en su mayoría, tanto los sectores empresariales como las organizaciones sindicales apoyaron conservar el incremento del 23,7 % en el salario mínimo.
Para el ministro, este aval es una indicación política significativa. Mantener ese porcentaje implica, según el Gobierno, salvaguardar el salario vital como una ventaja positiva para millones de empleados.
Aun así, Sanguino alertó que se trata de un avance parcial, dado que la pausa del decreto es una acción cautelar y las peticiones de anulación continúan su proceso en el tribunal superior.
En este contexto, la intervención directa del presidente en las protestas intensifica el conflicto institucional y señala una semana decisiva para el porvenir del salario mínimo y la estabilidad política en la nación.