Bucaramanga la capital más peligrosa de Colombia revela ASOCAPITALES

La permanente circulación sin control de armas de fuego, municiones y explosivos hace que la capital de Santander lidere la lista de las capitales colombiana con mayor tasa de homicidios.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales -ASOCAPITALES- entidad que tiene como misión representar y defender las posiciones y los intereses comunes de las ciudades capitales del país, lanzó recientemente una alerta sobre la creciente circulación de armas de fuego, municiones y explosivos en entornos urbanos del país. “La presencia recurrente de estos elementos en hechos de alto impacto no responde a situaciones aisladas, sino a fallas estructurales en el deber de control, la incautación, el seguimiento y la trazabilidad de armas ilegales, municiones y explosivos”, dice la entidad en un comunicado, donde resalta que Bucaramanga, la capital de Santander, es hoy por hoy la más peligrosa entre las ciudades más importantes del país.

Recalca ASOCAPITALES, que “la presencia de explosivos de uso militar en zonas residenciales y comerciales evidencia una escalada cualitativa y operativa de las capacidades armadas de las estructuras criminales que hoy operan en los principales centros urbanos del país”.

BUCARAMANGA LÍDER BÉLICA
Un análisis técnico consolidado para el cierre de 2024, desarrollado por la Dirección de Seguridad de ASOCAPITALES con base en fuentes oficiales, evidenció que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga concentran una parte crítica de la violencia armada del país, al registrar de manera conjunta el 23,8 % de las armas incautadas a nivel nacional; y el empleo de armas de fuego en el 44,33 % de los hurtos a comercio, el 60,7 % de los hurtos a personas y el 20,65 % de las víctimas de homicidio intencional, lo que demuestra una clara concentración urbana del fenómeno y un impacto directo sobre la seguridad ciudadana y la actividad económica.

Las tasas de ocurrencia de delitos con arma de fuego por cada 100.000 habitantes refuerzan esta alerta: Bucaramanga lidera este renglón con una tasa de 834,5; seguida por Bogotá con 581,7; Medellín con 507,1; Barranquilla con 301,8 y Cali con 297,1.

En términos absolutos, el estudio identificó que en dichas ciudades capitales ocurrió el 21,4 % de las amenazas registradas con uso de arma de fuego en todo el país. Solo con armas de fuego o aparatos explosivos, en estas ciudades también se concentró el 15,8 % de los homicidios intencionales, el 8,0 % de los hurtos a personas, el 5,2 % de los hurtos a comercios, el 14,7 % de los hurtos de automotores, el 1,4 % de las lesiones personales y el 0,58 % de los actos de terrorismo.

El análisis histórico del mercado de armas, municiones y explosivos, realizado por UNODC y ASOCAPITALES, evidencia transformaciones profundas en la oferta ilegal. Entre 1994, 2006 y 2017, mientras las armas legales en manos de particulares pasaron de 1,5 millones (1994) a 662.666 (2006) y luego a 706.210 (2017), las armas ilegales aumentaron de 2 millones (1994) a 2,4 millones (2006) y posteriormente a 4.267.790 (2017). En el mismo periodo, los homicidios cometidos con arma de fuego descendieron en términos absolutos, pero mantuvieron una alta participación, alcanzando 63 por cada 100.000 habitantes en 1994, 32 en 2006 y 18 en 2017, con una participación de armas de fuego en los homicidios del 14 %, 80 % y 72 %, respectivamente, lo que confirma que la violencia letal continúa estrechamente vinculada a la disponibilidad de armas y a los mercados ilegales.

EL MERCADO ILEGAL DE ARMAS
En la actualidad, el mercado ilegal de armas, municiones y explosivos presenta cambios en la modalidad de la oferta, con una diversificación de proveedores que reduce la dependencia de robos a depósitos militares y policiales -que aún concentran cerca del 10 % del mercado ilegal-, un mayor peso del contrabando transnacional, especialmente a través de corredores fronterizos, un aumento en la producción de armas artesanales o hechizas, más accesibles en precio y de difícil trazabilidad balística, y el uso creciente de plataformas digitales y redes sociales para facilitar la oferta y venta ilegal. Todo ello ha complejizado la labor de detección, control e incautación por parte de las autoridades del orden nacional.