Tomado de Barrancabermeja Virtual
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este lunes que presentará en las próximas horas una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jhonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández (Alianza Verde), y la representante a la Cámara Lina María Garrido (Cambio Radical), por presuntas conductas que afectarían la soberanía y la integridad territorial de Colombia.
Sanguino, actuando en calidad de ciudadano, argumentó que las declaraciones públicas de ambos congresistas, en las que expresaron apoyo a una posible intervención militar estadounidense en Colombia -similar a la reciente operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela-, podrían configurar delitos como menoscabo a la integridad nacional (artículo 455 del Código Penal) y participación en hostilidades contra la patria (artículo 458).
“La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, escribió el ministro en su cuenta de X, en referencia a mensajes de los congresistas que celebraron amenazas del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro y sugirieron una acción similar para “sacar” al mandatario colombiano del poder.
El anuncio se produce en medio de la escalada verbal tras la operación estadounidense en Venezuela del 3 de enero, que ha generado divisiones en la derecha colombiana.
Mientras figuras moderadas como Paloma Valencia llaman a resolver las diferencias internas por vías democráticas, un sector más radical, liderado por Garrido y Hernández, ha respaldado abiertamente la idea de una intervención extranjera.
En respuesta, Lina María Garrido desafió al ministro: “No vaya a llorar, ministro. Hágale con toda […] Los verdaderos traidores a la patria son ustedes: Gustavo Petro y su gobierno”.
Horas después, la congresista radicó una contradenuncia contra Sanguino por injuria y calumnia ante la fiscalía general. Por su parte, ‘Jota Pe’ Hernández ha mantenido un tono similar en redes, insinuando que Petro podría ser el “siguiente” tras Maduro.
Analistas políticos señalan que esta es la primera denuncia formal por “traición a la patria” contra congresistas en ejercicio en el contexto actual, y podría abrir un precedente en el debate sobre los límites de la libertad de expresión en tiempos de polarización.
La Corte Suprema deberá evaluar si admite la denuncia, dado el fuero constitucional de los parlamentarios.
La controversia refleja las profundas divisiones en Colombia ante las acciones de la administración Trump en la región, con el Gobierno de Petro condenando la intervención en Venezuela como una violación al derecho internacional.
La situación sigue en desarrollo.