No callar ante la violencia, pide gobernador de Arauca

En las últimas semanas, este departamento ha soportado el embate de la violencia armada, que ha causado derramamiento de sangre y secuestros de personas.

Tensa situación vive el departamento de Arauca, luego de los últimos hechos de orden púbico, donde varias personas han sido secuestradas y otras asesinadas.

En medio de esta problemática, se desarrolló una plenaria del Consejo Departamental de Paz, Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización, donde las autoridades civiles, militares y de pólicía, expusieron sus conceptos sobre esa oleada de terror que hoy soporta el departamento.

RECHAZO A LA VIOLENCIA
Los integrantes del Consejo Departamental de Paz rechazaron los hechos de violencia que se han presentado en Arauca durante el presente año. De paso, exigieron la liberación inmediata de todos los secuestrados para que regresen al seno de sus seres queridos.

A través de un comunicado emitido tras la sesión plenaria ampliada desarrollada en el municipio de Arauca, el organismo advirtió que la violencia, las amenazas, el secuestro y la estigmatización continúan golpeando a las comunidades y profundizando la crisis humanitaria que enfrenta la región.

CONSTRUIR PAZ DESDE LOS TERRITORIOS
Durante su intervención, el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, hizo un llamado de nuevo a construir paz desde los territorios. De paso, convocó a los sectores sociales e institucionales del departamento a rechazar la violencia que se ha incrustado en la región, con afectación directa a las comunidades más vulnerables de los siete municipios del departamento.

En su intervención, Martínez Prada recalcó que cada persona tiene una responsabilidad desde sus acciones y entornos con el fin de contribuir a la reconciliación y a la convivencia en el departamento. Recordó que la construcción de paz requiere la participación activa de toda la ciudadanía y no solo de las instituciones, pues “el compromiso por la paz debe pesar más”.

NO CALLAR ANTE LA VIOLENCIA
El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, también convocó a los integrantes del consejo y a la comunidad en general para no callar frente a los hechos violentos que golpean al departamento, al recordar las implicaciones que la violencia genera en todo el tejido social de la jurisdicción. “No es quitándole la vida a las personas como se construye la paz. Debemos seguir siendo propositivos y aportar a la tranquilidad y al desarrollo que merecen los araucanos”, dijo el gobernante, haciendo una clara alusión a los actores armados que hoy tienen en jaque al departamento.

SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO
En el departamento de Arauca, el orden público es crítico y complejo, caracterizado por un recrudecimiento de la violencia armada que afecta directamente a la población civil.

La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y diversos organismos internacionales (como la ONU) han alertado sobre la agudización de la crisis humanitaria a través de varios fenómenos, como el Confinamiento y Desplazamiento, especialmente en municipios como Tame, Puerto Rondón y Arauquita, donde las comunidades sufren un confinamiento forzado debido a los combates en áreas rurales. Estos enfrentamientos restringen la libre circulación y el acceso de alimentos o servicios médicos. Asimismo, el desplazamiento forzado tanto masivo como gota a gota sigue en aumento.

De igual manera, Arauca mantiene una alta tasa de homicidios selectivos y desapariciones forzadas. La Procuraduría General de la Nación ha urgido al Estado a tomar medidas drásticas ante el preocupante repunte de los secuestros en la región.

Otro factor inquietante es el reclutamiento forzado, lo que constituye en una de las mayores amenazas para las comunidades, afectando de manera desproporcionada a niños, niñas, adolescentes y comunidades indígenas de la zona.

Fuentes oficiales de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, así como organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, han señalado que los ataques contra la infraestructura petrolera (como el oleoducto Caño Limón-Coveñas) y la instalación de artefactos explosivos o bloqueos intermitentes en los ejes viales que comunican a municipios como Tame, Saravena y Fortul, han afectado en grado sumo la economía y la libre movilidad en el departamento.

RESPUESTA INSTITUCIONAL
Aunque las Fuerzas Militares y la Policía mantienen un despliegue operativo en las zonas urbanas y rurales (lo que ha permitido el desarrollo de jornadas institucionales o electorales bajo relativa calma controlada en los cascos urbanos), las autoridades locales y la Defensoría del Pueblo insisten en que la respuesta debe ser integral.

Claman no solo por mayor presencia militar y de inteligencia para disuadir los ataques a la infraestructura petrolera y población civil, sino por inversión social urgente y un canal de diálogo real que mitigue la intensidad del conflicto en el territorio.